Taller: Implementar un Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos encamina al Ecuador a un panorama de desarrollo

El “Taller con el sector empresarial sobre la elaboración del Plan de Acción Nacional sobre Empresas y de Derechos Humanos en Ecuador” se realizó este día miércoles 7 de abril con el apoyo del Pacto Global de las Naciones Unidas-Red Ecuador y de la oficina real de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este fue un encuentro de diálogo donde líderes de alto nivel plasmaron sus ideas para desarrollar un plan de acción que promueva el respeto y la protección de los derechos humanos en el sector empresarial, comportamientos vitales para el desarrollo del país. 

Los Planes de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas (PAN) son documentos políticos mediante los cuales los estados articulan las prioridades y las acciones que adoptarán para apoyar la implementación de normas y prácticas en relación con el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las empresas. 

Los panelistas que interactuaron en este evento fueron Manuel Mejía Dalmau, Canciller de Ecuador; Julio Moreno, Presidente de Pacto Global de las Naciones Unidas-Red Ecuador; Roberto Suárez Santos, Secretario General de la Organización Internacional de Empleadores; e, Inmaculada Montero, Consejera Comercial de la Delegación de la Unión Europea (UE) en  Ecuador. Además, el evento contó con representantes de cámaras, gremios y asociaciones de empleadores del país, así como representantes de las empresas ecuatorianas vigentes.

“Es clave escuchar las propuestas del sector empresarial para el desarrollo de este Plan de Acción”.

Manuel Mejía Dalmau, Canciller de Ecuador

El funcionario de Gobierno recalcó que este evento se realiza en consecución al compromiso adquirido por el Gobierno, el 15 de octubre del 2020, para elaborar un Plan de Acción Nacional y dar continuidad al trabajo inicial de hace dos años (2019) del Proyecto “CERALC”, financiado por la Unión Europea e implementado conjuntamente por la Oacnudh, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que trata sobre conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe.

“La misión del Plan de Acción en Ecuador debe constituir un mecanismo que contribuya a la implementación de los principios rectores de la ONU y de otros estándares globales como los de la organización para la cooperación y el desarrollo económico y los principios de la OIT”, afirma Mejía. Además, aseguró que es importante que el plan de acción tenga en cuenta la Agenda 2030 y los estándares interamericanos en materia. 

Mejía destacó que “cada vez es más evidente la necesidad de implementar de manera progresiva la competitividad de nuestros productos en el mercado internacional, incorporando a ellos el respeto de estándares reconocidos internacionalmente”. En este sentido, afirma que la elaboración de un Plan de Acción que incluya un plan de conducta empresarial responsable, permitirá que los esfuerzos productivos se dirijan a fomentar la competitividad del país y a elaborar una planificación nacional, que permitirá al Ecuador continuar acrecentando las inversiones extranjera y trabajar en línea con mecanismos como el capítulo de comercio y desarrollo sostenible del Acuerdo Multipartes con la Unión Europea (UE).

Es clave escuchar las propuestas del sector empresarial, sus prioridades, desafíos y oportunidades para tenerlas en cuenta en la construcción de implementación del Plan de Acción, mencionó el diplomático. “Sabemos que el reconocimiento de la conducta empresarial responsable es cada vez más amplia en el sector de los negocios y de las inversiones, a nivel mundial y en la región, constituido en un motor de resiliencia sostenibilidad y rentabilidad de las empresas, sobre todo en un momento como el actual”. 

“Los planes nacionales de acción son un vehículo práctico y poderoso para que los estados lo apliquen efectivamente”.

Roberto Suárez Santos,  Secretario General de la Organización Internacional de Empleadores

Suaréz comenta que la Organización Internacional de Empleadores ha estado muy implicada desde sus inicios, en la creación y aprobación de los principios rectores de la Naciones Unidas, sobre derechos humanos y empresas.“Es una cuestión de alta prioridad para los miembros de nuestra organización -más de 150 organizaciones representativas, independientes y con gran influencia en políticas- que están muy comprometidos en trabajar con gobiernos nacionales y distintos grupos de interés, para avanzar con los principios rectores de Naciones Unidas”. 

Asimismo, destaca que “en los últimos 10 años, hemos visto un enorme progreso, en su aplicación a pesar de los muchos retos pendientes. Hoy en día, nadie duda que estos principios son la base de un gran consenso. Creemos que los planes nacionales de acción son un vehículo práctico y poderoso para que los estados lo apliquen efectivamente. Una cooperación entre sector privado y público es clave para salir de la profunda crisis que la pandemia ha traído”.

En este sentido, recomendó algunos elementos a tomar en cuenta para el desarrollo de un Plan de Acción en Ecuador. 

1.- No existe un Plan de Acción estándar. No hay un enfoque único para todos los países, ni para distintas empresas; es importante que los planes de acción se centren en la aplicación de los principios rectores.  

2.- La elaboración de estos planes deben pensar en la pequeña y mediana empresa que son la espina dorsal de todas las economías del mundo; y, muchas de ellas actúan a escala global. Las Pymes tienen diferentes retos y recursos, pero también posibilidades importantes a al hora de aplicarlos.

3.- Es importante que la participación del sector empresarial en la elaboración de los planes de acción se tome en cuenta a través de las organizaciones que las representan.

4.- Hay que considerar el impacto que este instrumento puede tener, las consecuencias imprevistas, las disposiciones regulatorias y lo que puede pasar, entre otros aspectos. Esta evaluación previa es clave. 

5.- Deben proporcionar un marco coherente, que tenga también en cuenta el deber de protección de Estado y la responsabilidad de todos los actores. 

“Las buenas políticas en materia de conducta empresarial responsable y los planes de acción nacional contribuyen a la estabilidad política y social”.

Inmaculada Montero, Consejera Comercial de la Delegación de la UE en Ecuador

“Creemos que el encuentro con el sector empresarial es clave para apoyar el compromiso del Gobierno ecuatoriano para la creación de una agenda nacional que promueva la conducta empresarial responsable”, con esta afirmación comenzó su ponencia Montero. 

Y señala que la UE apoya a Ecuador en su esfuerzo en materia de conducta empresarial responsable por varias razones:

1.- La agenda pública en materia de empresa y derechos humanos está en auge en América Latina, no solo en los países del proyecto (Perú, Chile, Colombia, Ecuador y Brasil).

2.- Cada vez más empresas aplican los principios de la conducta empresarial responsable en sus procesos diarios, marcando tendencia para otras organizaciones del mismo sector. Esta es una tarea constante con muchos desafíos, pero los datos muestran una mayor sensibilidad y una acción definida de muchas empresas en la aplicación de estos principios. 

3.- La UE tiene mucha experiencia en elaboración de planes de acción. “De los 25 que existen, 15 se han desarrollado en los estados miembros, por eso somos conscientes de la carga que asumen los Gobiernos para implementar estas políticas. Es una tarea difícil que requiere negociaciones constantes entre actores diferentes, con intereses muy diferentes”.

“Para la UE esta agenda es un motor imprescindible para crear un entorno empresarial competitivo, responsable, resiliente, sostenible. Con nuestro compromiso, no solo defendemos la obligación de proteger a las personas contra violaciones de derechos humanos relacionados con la actividad empresarial, sino que creemos que la prosperidad rima con responsabilidad”, dijo la experta. 

Además aseguró que “las buenas políticas en materia de conducta empresarial responsable y los planes de acción nacional bien concebidos e implementados, contribuyen a la estabilidad política y social, lo que se traduce en un clima laboral más dinámico, que estimula un crecimiento económico sostenible, atrae más inversiones y desalienta más inversión”.

“La implicación en daños a los derechos humanos no solo es mala para la sociedad, sino también perjudicial para los negocios”.

Julio Moreno,  Presidente Pacto Global de las Naciones Unidas Red-Ecuador

Para Julio Moreno, este espacio este diálogo con el sector empresarial representa un paso fundamental para llevar adelante el compromiso del Estado ecuatoriano en la elaboración de un Plan de Acción Nacional sobre Empresa y Derechos Humanos y recopila insumos de la comunidad empresarial, en cuanto a prioridades, desafíos y oportunidades que deben tenerse en cuenta en la construcción e implementación de este instrumento.

Para el Pacto Global de Naciones Unidas, señala Moreno, representa una gran responsabilidad contribuir con este proceso y “lo hacemos con vocación y convicción, considerando que nuestra misión central busca promover a las organizaciones la alineación de sus estrategias de operaciones con los 10 Principios, comprometiéndose a respetar la producción de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, a promover estándares inclusivos y diversos,  a adoptar un enfoque preventivo orientado a la protección del medio ambiente y cero tolerancia a los actos de corrupción”. 

“Los principios del Pacto Global están vinculados a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, los mismos parten de la premisa de que todas las empresas deben respetar los derechos humanos reconocidos internacionalmente, basado en tres pilares: proteger, respetar y remediar”, destacó Moreno. 

Para cumplir con este reto, explica que hay que otorgar roles diferentes a las empresas y a los estados. “Las empresas debemos poner acciones en marcha para integrar los derechos humanos en nuestro modelo de negocio y respetarlos. Los estados, por su parte, deben velar porque las empresas que operen en su jurisdicción, respeten los derechos humanos. Ambos actores deben poner a disposición de las víctimas mecanismos que reparen los impactos negativos sobre los derechos humanos consecuencia de las acciones del sector privado”. 

En resumen, Moreno señaló que un camino de desarrollo en que los derechos humanos no son respetados y protegidos, no puede ser sostenible.

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